Por Daniela Leiva Seisdedos
La masacre Pilagá en 1947. Esto sí es Historia
Tradicionalmente el territorio pilagá estuvo en el área central de lo que hoy es la provincia argentina de Formosa, unos 20.000 kilómetros cuadrados en la margen derecha del río Pilcomayo. El crimen a la comunidad Pilagá es un crimen de Lesa Humanidad pero… En octubre de 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la Gendarmería Nacional abrió fuego sobre comunidades indígenas en Formosa.
A fines de septiembre, un sanador pilagá llamado Tonkiet, Luciano Córdoba en castellano, se instaló en el paraje de La Bomba, y cientos de personas comenzaron a llegar desde distintos puntos del territorio para conocerlo.
El lugar se pobló de niños, jóvenes, ancianos y líderes que siguiendo antiguas tradiciones observaban los fenómenos naturales, el comportamiento de las aves e interpretaban los sueños.
Tonkiet no era un líder tradicional. Había construido su prestigio combinando prácticas antiguas y nuevas y utilizaba la Biblia en sus sesiones de sanación. Sus seguidores levantaron en La Bomba una plataforma circular, donde Tonkiet subía a los enfermos para curarlos. Todas las tardes los cantos y los tambores se escuchaban hasta la madrugada, mientras la vida en el poblado “blanco” de Las Lomitas se trastocaba con el bullicio y la circulación de cientos de personas. El espacio donde se había levantado la corona crecía en importancia política y se convertía en una nueva marca territorial.
La primera gran manifestación de violencia registrada en el siglo XX se dio con el ataque al fortín Yunká en 1919 por lo que los pilagá sufrieron, equivocadamente, una violenta represión. El diario de campo del militar sueco Gustav Emil Haeger, quien en 1920 realizó una expedición al Gran Chaco, registra el caso del colono Anselmo Calermo, “un viejo amigo”, que al ser “corrido por los pilagá” de la “cañada de Descanso” acudió al fortín Chávez desde donde promovió una expedición militar contra Nelagadik y su gente, evidenciando la complicidad entre militares y ganaderos criollos.
En distintas ocasiones los comandantes del escuadrón enviaron gendarmes para intentar desalojar a la multitud con estrategias inútiles. Durante la primera semana de octubre de 1947, requisaron viejas escopetas y machetes. Luego la Dirección de Protección al Aborigen, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, envió a Abel Cáceres, administrador de las Colonias Aborígenes, a negociar el desalojo y traslado de las familias.
Cáceres administraba dos colonias estatales creadas para la segregación y transformación de los pueblos del Gran Chaco, cuya función era la de concentrar a los sobrevivientes de la violencia militar, hacerlos abandonar su religión, la pesca y la caza, y hasta cambiarles sus nombres tradicionales, para convertirlos en trabajadores agrícolas.
Los pilagá conocían el régimen de las colonias, por eso se resistieron a ser trasladados. El 10 de octubre de 1947 por la mañana, el gendarme Américo Londero advirtió a los niños que trabajaban en la cocina que había llegado la orden de reprimir. Los niños corrieron a avisar a sus familias. Algunos escaparon, pero otros no creyeron que algo malo pudiera ocurrir y permanecieron en La Bomba.
A las seis de la tarde los gendarmes al mando de Emilio Fernández Castellanos apuntaron ametralladoras pesadas y fusiles contra un grupo que los enfrentaba con biblias en las manos. José Aliaga Pueyrredón, segundo comandante, los rodeó con sus efectivos y se iniciaron los fusilamientos.
La causa judicial, caratulada «Federación del Pueblo Pilagá c/Poder Ejecutivo Nacional s/daños y perjuicios», dejó acreditado que la orden de reprimir fue dada desde el más alto nivel ministerial. La masacre fue ejecutada por la Gendarmería Nacional bajo las órdenes del ministro de Guerra y Marina, Humberto Sosa Molina, con la conformidad de Ángel Borlenghi, ministro del Interior. Se extendió hasta fines de octubre y no solo incluyó un desalojo violento y fusilamientos, sino también violaciones, desapariciones, traslados forzados, torturas, fosas comunes y reducción de los sobrevivientes en colonias.
Los testimonios de los pueblos originarios se refieren a una masacre, un genocidio. Sus cuerpos fueron arrasados por topadoras y quemados. Las mujeres y las niñas fueron violadas. Los ancianos, fusilados. Muchos fueron perseguidos hasta Paraguay, donde fueron detenidos para ser llevados a las reducciones. En el año 2006 se encuentran veintisiete cuerpos, y un grupo de abogados inicia acciones legales contra el Estado nacional por violaciones a los derechos humanos
En 2005, la Federación Pilagá presentó una demanda civil inédita contra el Estado nacional. En el marco de la causa, un equipo forense halló restos de al menos 27 víctimas en el paraje La Felicidad, a 16 km de Pozo del Tigre.
En 2019, el juez federal Fernando Carbajal reconoció la masacre como un crimen de lesa humanidad y ordenó reparaciones simbólicas y económicas, con la inclusión de la fecha en el calendario escolar, becas estudiantiles, un monumento recordatorio y fondos para obras comunitarias. Un año más tarde, la Cámara Federal de Resistencia fue más allá y calificó los hechos como genocidio.
Nadie de Gendarmería fue castigado por la masacre y el genocidio. Santos Costas, quien fue integrante de la fuerza en el momento de los hechos, fue felicitado y ascendido por Orden 2.595 del director de Gendarmería Nacional.
Hoy sus víctimas fueron cientos de hombres, mujeres y niños de todas las edades. Luego de más de siete décadas, esa comunidad logró un fallo histórico:
El juez federal Fernando Carbajal sentenció que se trata de un “delito de lesa humanidad” y ordenó medidas de reparación.
La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá expresó públicamente su rechazo: “Este dictamen desconoce todo lo actuado por jueces federales, fiscales y sobre todo de los testimonios de las víctimas. No reconoce la verdad histórica ni los derechos que nuestro Pueblo reclama. Vamos a defender y repetir hasta el cansancio que lo ocurrido en 1947 fue un Genocidio perpetrado contra el Pueblo Pilagá”.
Noolé, Cipriana Palomo, referente del Consejo de la Mujer Pilagá y querellante en la causa, remarca:
“Este dictamen nos afectó mucho porque es un retroceso en todos los derechos conquistados. Dos instancias judiciales ya reconocieron la masacre como genocidio, y nosotros tenemos derecho a alzar la voz por este genocidio que se calló durante tantos años”.
Los docentes de historia creo yo, tenemos que desarrollar una conciencia histórica nacional más abarcativa, no solo desde Buenos Aires. Hay que integrar nuestra rica y variada gama de recursos y situaciones históricas aunque estas sean duras para luego pensar y analizar el contexto de latinoamericano y mundial esto nos va a permitir reconocernos como parte de un proceso que se inició hace ya mucho tiempo y en la cual ocupamos un lugar activo en el presente.
«Tenemos que establecer una relación significativa entre pasado, presente y futuro.»
Bibliografía utilizada.
- Carlos Salamanca Villamizar es Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) adscripto al Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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